The Albany Gazette - Debate en Colombia por la memoria histórica y el papel del M-19

La conmemoración del trigésimo primer aniversario del asalto al Palacio de Justicia en Bogotá ha reactivado un debate profundo sobre la construcción de la historia nacional colombiana. Este evento, ocurrido hace cuatro décadas, sigue siendo un punto de inflexión en la memoria colectiva del país, donde las interpretaciones políticas continúan debatiéndose entre las alas izquierda y derecha del espectro ideológico.

La discusión trasciende el ámbito museográfico y toca la esencia de cómo una sociedad procesa su pasado traumático. Se plantean interrogantes fundamentales sobre qué debe exhibir un Museo Nacional, cómo seleccionar piezas cuando las víctimas y los victimarios aún están vivos y cómo reconocer distintas memorias sin imponer una versión oficial del pasado.

Para comprender esta controversia es necesario distinguir tres conceptos: relato, memoria e historia. El primero se define como la narrativa que sectores políticos, grupos de poder legales o ilegales, y gobiernos construyen sobre acontecimientos específicos, a menudo intentando imponerla como verdad absoluta. La memoria, por su parte, está relacionada con las experiencias individuales y colectivas de quienes vivieron los hechos y las formas en que una sociedad decide conservarlos. Un testimonio es indispensable para comprender una experiencia histórica, pero no constituye necesariamente una explicación completa de lo ocurrido.

El historiador Enzo Traverso distingue entre memorias fuertes, que alcanzan reconocimiento público e institucional, y débiles, que permanecen marginadas. Su lugar depende también de las relaciones de poder, no solo de la gravedad de los hechos. La historia, en cambio, supone un ejercicio investigativo en el que profesionales de distintas disciplinas, apoyados en documentos, expedientes, testimonios y otras fuentes, buscan reconstruir los acontecimientos con rigor. Aunque tampoco está exenta de interpretaciones, exige contrastar las evidencias y revisar críticamente sus conclusiones.

Es precisamente aquí donde resulta necesario examinar el lugar que ha ocupado el M-19 en la reconstrucción de nuestra historia reciente. A 41 años de la tragedia del Palacio de Justicia, persisten heridas abiertas y preguntas sin respuesta. Buena parte de lo sucedido ha sido esclarecida, especialmente las graves violaciones de derechos humanos cometidas por miembros de la fuerza pública durante la retoma, entre ellas desapariciones forzadas, torturas y ejecuciones. Investigaciones judiciales, libros, documentales y testimonios han contribuido a reconstruir estos acontecimientos.

Sin embargo, las responsabilidades de quienes planearon y ejecutaron el asalto armado también merecen un examen riguroso. Así lo reclamó durante la conmemoración el exministro de Justicia Carlos Medellín Becerra, hijo del magistrado asesinado Carlos Medellín Forero. “Los miembros del M-19 fueron indultados, no una, sino dos veces, por estos hechos en el marco del proceso de paz que se adelantó sin que se hubiera exigido verdad, justicia, reparación y no repetición”, afirmó.

El M-19 construyó un relato de su trayectoria que ha privilegiado su participación en la apertura democrática y el tránsito de las armas a la política. Esa dimensión forma parte de nuestra historia, pero no puede desplazar el examen de sus responsabilidades. La llegada de antiguos integrantes de esa guerrilla a posiciones de poder, incluido el expresidente Gustavo Petro, hace necesario distinguir entre la memoria que sus protagonistas construyeron de sí mismos y la historia que corresponde investigar.

Esto no significa desconocer los crímenes cometidos durante la retoma. El reconocimiento de unas responsabilidades no puede relegar otras. La pluralidad de memorias tampoco exige equiparar responsabilidades ni considerar que todas las interpretaciones tienen el mismo sustento.

La controversia del Museo Nacional plantea un problema semejante. El retiro de piezas relacionadas con distintas experiencias históricas, seguido de su restitución por orden judicial, abrió una discusión sobre los límites de la intervención gubernamental en las decisiones curatoriales de una institución que pertenece a todos los colombianos.

Un museo no puede exhibirlo todo ni prescindir de criterios de selección. Pero esas decisiones deben respaldarse en investigaciones, criterios técnicos y debates académicos, no en las preferencias ideológicas del gobernante o del director de turno. Una exposición debe contextualizar las piezas, no convertirlas en homenajes ni condenas automáticas.

La historia de Colombia no puede construirse seleccionando víctimas y victimarios según los intereses políticos del presente. Tampoco se trata de encontrar un equilibrio artificial entre izquierda y derecha o de repartir espacios de exhibición como cuotas partidistas.

Colombia no necesita una memoria oficial que sustituya a otra, ni museos que cambien su relato al ritmo de los gobiernos. Necesita una historia capaz de interrogar todas las memorias y establecer responsabilidades sin concesiones políticas. Solo entonces las palabras que presidieron la conmemoración del Holocausto, “Memoria, Dignidad y Justicia”, podrán dejar de ser una consigna para convertirse en un compromiso nacional.

(O.Robinson--TAG)