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Juez dicta prisión preventiva contra seis por asalto a planta minera en Ananea
Juez dicta prisión preventiva contra seis por asalto a planta minera en Ananea
La justicia peruana impuso una medida coercitiva de nueve meses de cárcel a seis hombres vinculados al asalto a las instalaciones de la Corporación Minera Ananea. Los investigados enfrentan cargos por robo agravado y pertenencia a una organización criminal tras sustraer toneladas de mineral y dinero en efectivo.
El Juzgado de Investigación Preparatoria de Ananea dictó una medida de prisión preventiva de nueve meses contra seis investigados por su presunta participación en el asalto a las instalaciones de la Corporación Minera Ananea S. A. (CMASA). Los imputados son Brayahhn A. Luque Q., Fernando F. Quispe M., Edgar Quispe G., Guido O. Ortiz M., Gervacio Luque V. y Christian P. Nina L., quienes fueron procesados como presuntos coautores del delito de robo agravado, con la circunstancia agravante de integrar una organización criminal.
Según la tesis fiscal, los hechos ocurrieron el 26 de octubre de 2026, aproximadamente a las 02:00 horas, en la Planta de Procesamiento de CMASA, ubicada en el centro poblado Lunar de Oro, distrito de Ananea, provincia de San Antonio de Putina. La acusación sostiene que los sujetos actuaron de manera coordinada, distribuyéndose funciones y aprovechando información privilegiada sobre los sistemas de seguridad y accesos a la planta.
Durante el ataque, los agresores habrían golpeado y amenazado con armas de fuego al personal presente para ingresar a la oficina de administración. Allí sustrajeron S/ 5,000 en efectivo, 18,591 gramos de mineral aurífero en bruto perteneciente a CMASA y 15,631 gramos de oro de la Central de Cooperativas Mineras Rinconada y Lunar de Oro (CECOMIRL). También se apoderaron de teléfonos celulares y de un arma de fuego asignada al personal de seguridad.
Parte de las armas utilizadas en el asalto fue recuperada por las autoridades a unos 700 metros de la planta procesadora, oculta en un pequeño orificio debajo del pajonal. Posteriormente, el botín habría sido trasladado hacia el centro poblado de La Rinconada, donde los investigados supuestamente repartieron el mineral y el dinero, utilizando balanzas electrónicas para pesar el oro y comercializar clandestinamente una parte del mismo.
Las autoridades indican que también distribuyeron las ganancias ilícitas y ocultaron el dinero restante, el oro y las armas de fuego en inmuebles estratégicamente ubicados en las localidades de Azángaro y Juliaca.
Durante la audiencia, el magistrado Augusto Castillo Cordero evaluó los elementos de convicción presentados por el Ministerio Público y los presupuestos legales para imponer la medida coercitiva. Tras el análisis, dispuso la prisión preventiva al advertir vínculos entre los investigados y el delito imputado, así como una prognosis de pena superior a cinco años de privación de libertad.
(L.Thomas--TAG)
