The Albany Gazette - Ambientalistas califican de "engaño" plan para reactivar mina en Panamá

La mina de la canadiense First Quantum Minerals, ubicada en la provincia caribeña de Colón, unos 120 km al oeste de Ciudad de Panamá, cerró en 2023 luego de que la Corte Suprema de Justicia concluyera que la concesión violaba leyes ambientales.

Pero una comisión de ministros del gobierno de José Raúl Mulino entregó recientemente un informe al presidente en el que recomienda, sin precisar fechas, reactivar las operaciones hasta realizar "un cierre ordenado" de las instalaciones.

"Es una falta de respeto, una tomadura de pelo a un país. Lo que obedece en este caso es un cierre sin explotación", dijo a la AFP Raisa Banfield, de la agrupación Panamá Vale más sin Minería.

Los ecologistas, que en las protestas de 2023 lograron la prohibición de nuevas exploraciones mineras, creen que el gobierno pretende presentar como "cierre ordenado" una nueva concesión, pese a la moratoria y la decisión de la Corte.

"Rechazamos enérgicamente el anuncio" porque "es un engaño al país" al tratarse de "una reactivación disfrazada" de la minería, afirmó en conferencia de prensa Carlos Bichet, del Centro de Incidencia Ambiental.

"Hablar de un cierre ordenado autofinanciado por la misma operación minera durante décadas lo que plantea es reanudar la extracción", añadió, en nombre de unas 40 organizaciones.

La mina representaba 75% de las exportaciones y el 5% del PIB de Panamá. Generaba unos 6.000 empleos directos y unos 30.000 indirectos, según el gobierno.

La comisión considera la reapertura necesaria para impulsar la economía.

Mulino aseguró que no decidirá "en cuatro días" un asunto que el país "va a cargar durante décadas", por lo que estudiará con calma el informe.

Panamá enfrenta reclamos por unos 27.000 millones de dólares (30% del PIB) por el cierre del proyecto. First Quantum paralizó su litigio a la espera de una decisión sobre la reapertura.

La compañía canadiense señaló en un comunicado que "colaborará de forma constructiva y de buena fe" para establecer un marco jurídico "justo" y "duradero" que permita reanudar las actividades.

"Si este proyecto sigue operando vamos a ver muchísima más destrucción y devastación", declaró a la AFP Leysi Rodríguez, del movimiento campesino.

(O.Garcia--TAG)