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Gobierno portugués otorga mayor autonomía a TAP para facilitar privatización
Gobierno portugués otorga mayor autonomía a TAP para facilitar privatización
El Gobierno portugués ha aprobado un decreto-ley que otorga a la aerolínea nacional TAP una autonomía de gestión significativamente ampliada. Esta medida legal exime a la compañía de gran parte del Estatuto del Gestor Público, facilitando su adaptación al modelo comercial y a la futura entrada de Lufthansa como accionista estratégico.
El Gobierno portugués ha aprobado un decreto-ley que establece un régimen especial para TAP, eximiendo a la aerolínea de gran parte de las obligaciones del Estatuto del Gestor Público. Esta normativa busca dotar a la compañía de mayor libertad para definir remuneraciones y aprobar inversiones, alineando su estructura con las exigencias del mercado competitivo.
El diploma fue publicado el mismo día en que se firmó el contrato por el cual Lufthansa adquirirá hasta el 49,9% de la compañía aérea. Carlos Oliveira, chairman de TAP, ha elogiado esta medida como un paso necesario para operar bajo las mismas reglas que sus competidores privados.
El preámbulo del decreto-ley justifica la necesidad de adaptar el marco jurídico a la evolución del gobierno societario de TAP, asegurando que la entrada de un accionista privado de referencia se acompañe de un modelo de administración propio de una sociedad comercial. Se destaca que esto no implica un perjuicio para los intereses estratégicos del Estado como accionista, sino una adaptación para garantizar la capacidad de respuesta ante las exigencias específicas del sector de la aviación.
Aunque TAP queda exenta del Estatuto del Gestor Público, algunas disposiciones siguen aplicándose a los administradores designados por el Estado. Estas incluyen la prohibición de acumular funciones de administrador con cargos en la administración directa o indirecta del Estado, así como la responsabilidad penal, civil y financiera por actos u omisiones durante la gestión.
En términos prácticos, TAP ya no necesitará autorización previa del Estado para realizar ciertos investimentos o asumir responsabilidades financieras, incluidas operaciones bancarias. Tampoco estará obligada a mantener disponibilidades en el IGCP (Instituto de Gestão da Dívida Pública). El Gobierno dejará de aprobar los planes de actividades y presupuestos mediante el procedimiento del sector empresarial estatal.
No obstante, aspectos clave del régimen jurídico del sector público empresarial se mantienen. Esto incluye las orientaciones estratégicas y sectoriales del Gobierno, la posibilidad de control financiero por parte del Tribunal de Contas y la Inspección-Geral de Finanças, y las obligaciones de divulgación de información, como cuentas, remuneraciones de administradores y reportes trimestrales.
Las nuevas reglas se aplicarán a los actos y procedimientos iniciados a partir del 4 de noviembre de 2026. En cuanto a los órganos sociales, el nuevo régimen afectará únicamente a los mandatos de los administradores y demás miembros iniciados desde esa fecha.
Estas alteraciones societarias proporcionan el marco legal para que Lufthansa controle la gestión una vez cerrada la privatización, tras la aprobación de Bruselas. Hasta entonces, la actual administración mantendrá la independencia operativa de la compañía, asegurando la entrega del plan estratégico y los resultados mientras se prepara para la llegada de un nuevo accionista.
(T.Wright--TAG)
