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Policía de Brasil investiga a diputados aliados de Bolsonaro sospechosos de corrupción
La policía brasileña inició el viernes una investigación contra dos importantes aliados del expresidente Jair Bolsonaro en el Congreso, sospechosos de malversación de fondos parlamentarios, según un documento judicial obtenido por la AFP.
Un juez de la corte suprema ordenó siete allanamientos en relación con la investigación, entre ellos en los domicilios de Sóstenes Cavalcante, líder del bolsonarismo en la Cámara de Diputados, y de Carlos Jordy, otro legislador afín al exmandatario ultraderechista.
Los dos diputados y otras cinco personas de su entorno son investigados por un posible "desvío y posterior ocultación de recursos públicos", según un comunicado policial.
Los recursos provienen de la asignación mensual que cada diputado recibe para gastos vinculados a su mandato, y en este caso el dinero habría sido malversado a través de falsos contratos de alquiler de autos, de acuerdo con los investigadores.
Una fuente judicial dijo a la AFP que tras los allanamientos en Rio de Janeiro y Brasilia, la policía encontró al menos 400.000 reales en efectivo (unos 70.000 dólares) en un domicilio ligado a Cavalcante, del Partido Liberal de Bolsonaro.
"Es dinero lícito, vendí un inmueble y cobré en efectivo", se excusó Cavalcante ante la prensa, y aseguró que "con el apuro del trabajo terminé sin hacer el depósito (bancario)".
Jordy alegó su inocencia en un video en redes sociales y calificó de "cobarde" la acción policial.
Esta investigación se había iniciado con otro operativo en diciembre de 2024, por los posibles delitos de peculado, lavado de dinero y organización criminal.
Bolsonaro, presidente de 2019 a 2022, está preso desde noviembre en una dependencia policial de Brasilia tras ser condenado a 27 años de cárcel por un intento de golpe de Estado en 2022, cuando buscó impedir la asunción de su sucesor, el izquierdista Luiz Inácio Lula da Silva.
De mayoría conservadora, el Congreso aprobó esta semana una ley que favorece a Bolsonaro con una rebaja de pena efectiva, que podría quedar en algo más de dos años.
Lula anunció que vetará la ley, aunque el Congreso puede oponerse a la decisión presidencial y volver a impulsarla.
(C.Young--TAG)
