The Albany Gazette - Oenegés denuncian oportunidad perdida para impedir la minería submarina

"Hay que destacar que la atmósfera política ha cambiado radicalmente desde (...) el año pasado. En aquel momento no había ningún estado que se hubiera levantado y dicho 'no a la minería'", dijo a la AFP Emma Wilson, de la Deep Sea Conservation Coalition.

Sin embargo, al término de la reunión de dos semanas, Wilson sigue "muy preocupada" ante la posibilidad de que este año se abra la puerta a solicitudes de minería en aguas profundas.

Creada bajo la Convención de la ONU para los Derechos del Mar, la ISA tiene autoridad sobre los fondos oceánicos situados por fuera de las Zonas Económicas Exclusivas de sus 167 estados miembros, que se extienden hasta 200 millas náuticas (370 kilómetros) de las costas.

Hasta ahora, ha otorgado contratos de exploración de los fondos marinos solo a centros de investigación y empresas en áreas bien definidas de riqueza mineral potencial.

No se espera que comience la explotación industrial de níquel, cobalto o cobre hasta que se adopte un código minero que ha estado en discusión desde hace casi 10 años, incluidas las últimas conversaciones en Kingston.

- Moratoria -

Desde hace años, oenegés y científicos han advertido sobre los daños que la minería submarina podría causar en los ecosistemas de aguas profundas.

Cada vez más países se hacen eco de esa preocupación: Canadá, Australia y Bélgica, entre otros, han insistido en que la minería internacional de los fondos marinos no puede comenzar sin una estricta regulación.

"No se dan las condiciones para que se inicie la explotación de los fondos marinos", insistió el viernes el representante de México Marcelino Miranda.

"Brasil cree que el nivel actual de conocimiento y la ciencia disponible son insuficientes para aprobar cualquier proyecto de minería de los fondos marinos en áreas más allá de la jurisdicción nacional", dijo la embajadora Elza Moreira Marcelino de Castro en la reunión del consejo de la ISA.

Y aunque sin pedir abiertamente una moratoria sobre la explotación, declaró que Brasil ve "méritos significativos" en la propuesta de "pausa" a la minería, defendida por unos 15 países, entre ellos Francia, Alemania, Chile y Vanuatu.

El representante de Vanuatu, Sylvain Kalsakau, invitó a "los países del Pacífico que han expresado interés en la minería de aguas profundas a que den un paso atrás".

- "Profundamente irresponsable" -

Uno de esos países es Nauru, un pequeño estado insular que, impaciente con el ritmo de los avances, invocó en junio de 2021 una cláusula que le permitía exigir la adopción de un código minero en un plazo de dos años.

Una vez que se alcance ese plazo, el 9 de julio, el gobierno de Nauru podría solicitar un contrato minero para NORI (Nauru Ocean Resources), una subsidiaria de The Metals Company de Canadá.

La embajadora de Nauru, Margo Deiye, reiteró el viernes que su país esperará a la conclusión de la sesión de julio antes de presentar una solicitud, con la esperanza de que allí se pueda adoptar el código minero.

Observadores indicaron a la AFP que dudan que el código de minería esté listo pronto. "Parece que cumplir ese plazo es ciertamente imposible", dijo Pradeep Singh, experto en derecho del mar e investigador en el Research Institute for Sustainability en Potsdam, Alemania.

Es una postura que el viernes compartía el embajador belga, Hugo Verbist, para quien "las dos semanas de la sesión de julio serán en gran medida insuficientes para terminar" el código.

En ausencia de parámetros, el consejo de 36 miembros luce dividido en cuanto al proceso a seguir para la revisión de una solicitud de un contrato de minería, y parece encaminarse a disolverse sin alcanzar un acuerdo, según un borrador al que tuvo acceso la AFP, el cual propone seguir conversando al respecto.

Sin reglas claras sobre cómo aprobar o rechazar una solicitud de minería, "los gobiernos están dejando de manera imprudente abierta la puerta trasera para que la minería de aguas profundas se cuele y comience a operar a finales de este año", advirtió Louisa Casson, de Greenpeace, en un comunicado.

Las oenegés temen que si The Metals Company comienza a prepararse para lanzar su producción a finales de 2024, otros grupos del sector soliciten permisos cuando terminen los dos años de la cláusula invocada por Nauru.

Apenas semanas después de la histórica adopción en marzo del primer tratado internacional sobre la protección de la altamar, "este resultado profundamente irresponsable es una oportunidad perdida para enviar una señal clara... de que la era de la destrucción de los océanos ha terminado", denunció Casson.

(T.Burkhard--BBZ)