The Albany Gazette - La hija de la ambientalista hondureña asesinada Berta Cáceres pide justicia

Cáceres, coordinadora del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH), se oponía a un proyecto de presa hidroeléctrica en el río Gualcarque, en el oeste de Honduras.

La justicia determinó que la activista fue asesinada por este motivo, a los 44 años, por pistoleros que entraron la medianoche del 2 de marzo de 2016 a su vivienda en la comunidad de La Esperanza, en el oeste de Honduras.

Desde entonces, ocho personas, entre ellas Roberto David Castillo, presidente ejecutivo de la firma Desarrollos Energéticos (DESA), encargada de la construcción de la presa, fueron condenadas a penas de entre 22 y 50 años de cárcel.

Sin embargo, durante una entrevista con la AFP en Ginebra, Bertha Zúñiga Cáceres indicó que está haciendo campaña para dar a conocer el informe publicado a principios de año por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) para Honduras.

Según ella, el informe pide "indagar sobre la autoría intelectual del crimen", sobre "delitos conexos o delitos financieros" y "construir un plan de reparación para las víctimas".

- "Presión al Estado" -

El objetivo es "dar a conocer el informe y también poner un poco de presión al Estado de Honduras para que pueda cumplir las recomendaciones que ha emitido este grupo", explicó.

Creado en 2025 mediante un acuerdo entre el gobierno hondureño, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la familia de Berta Cáceres, el GIEI consideró que las responsabilidades por el asesinato se remontan más allá del presidente ejecutivo, tanto dentro de la empresa DESA como en su entorno económico.

El GIEI también estableció que fondos procedentes de préstamos concedidos al proyecto hidroeléctrico por el banco de desarrollo neerlandés FMO y el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) habían sido desviados por responsables de DESA -vinculada a la poderosa familia hondureña Atala Zablah- para financiar actividades de vigilancia y, según los expertos, el asesinato de la ambientalista.

"Esa falta de control sobre estos financiamientos derivaron en este crimen y otra serie de violaciones de derechos humanos. Entonces, es importante que estos actores financieros también asuman la responsabilidad sobre sus actuaciones", declaró a la AFP Camilo Bermúdez, miembro del COPINH, que acompañaba a Cáceres en Suiza.

El pasado mes de marzo, la oenegé Amnistía Internacional lamentó en un comunicado que "quienes ordenaron el crimen permanecen impunes, y las condiciones estructurales que llevaron a esta tragedia no han cambiado".

"Cada año seguimos lamentando más violencia y asesinatos de personas que defienden el agua y los bosques en Honduras", señaló la oenegé.

(N.Miller--TAG)