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Condenan a prisión a unos activistas salvadoreños que protestaron cerca de la casa de Bukele / Foto: Rudy Quiroz - AFP
Condenan a prisión a unos activistas salvadoreños que protestaron cerca de la casa de Bukele
La justicia de El Salvador condenó este miércoles a tres años de prisión a un abogado ambientalista y a un líder campesino que fueron detenidos tras protestar cerca de la casa del presidente Nayib Bukele, pero les concedió libertad condicional.
El abogado Alejandro Henríquez y el dirigente comunitario y pastor evangélico José Ángel Pérez, detenidos desde mayo, fueron declarados culpables de los delitos de "resistencia agresiva" y "desorden público", según el fallo.
Tras la audiencia, los dos acusados abandonaron el centro judicial de Santa Tecla, unos 10 km al oeste de San Salvador, y deberán observar "normas de conducta", como no participar en protestas callejeras, de acuerdo con la sentencia.
También requerirán autorización judicial para salir del país.
Según la ley penal salvadoreña, las condenas que no superan los tres años de prisión son excarcelables.
La liberación de los activistas había sido reclamada por la relatoría de la ONU sobre la situación de los defensores de los derechos humanos y oenegés como Amnistía Internacional, que los declaró "presos de conciencia".
Esas organizaciones también pedían levantarles los cargos.
Ambos fueron arrestados tras una protesta en la que reclamaban que Bukele interviniera para evitar el desalojo de los miembros de una cooperativa campesina de un terreno privado.
Por ello, organizaciones humanitarias denuncian su caso como una criminalización de la protesta.
La defensa alegaba que el caso estaba "politizado".
Los abogados aseguran que desde su detención en mayo los activistas estaban incomunicados con sus familias y tenían contacto limitado con sus defensores.
Otros activistas y críticos de Bukele están presos, entre ellos la abogada Ruth López, jefa de la unidad anticorrupción de la reconocida oenegé de defensa de derechos humanos Cristosal, y el constitucionalista Enrique Anaya, acusado de supuesto lavado de dinero.
Organizaciones de derechos humanos acusan a Bukele de usar el régimen de excepción, que impuso en El Salvador en 2022 en su "guerra" contra las pandillas, para silenciar a sus críticos.
- "Acuerdo" judicial -
Uno de los abogados defensores, Oswaldo Feusier, explicó que la condena fue resultado de un "acuerdo" que le plantearon a la Fiscalía General para un "proceso abreviado".
Henríquez y Pérez aceptaron "confesar los hechos" de los que eran acusados tal y como los presentó la Fiscalía, por lo que el juzgado procedió a emitir la condena, agregó el jurista.
Feusier dijo que se tomó ese camino para evitar un proceso judicial más largo en un contexto en que "no hay garantías de un proceso justo".
"Fue un proceso bien difícil (...) dadas las condiciones que tenemos en el sistema judicial actualmente, pero con todo eso sí se pudo", declaró Henríquez a la prensa, vestido con camisa y pantalones cortos blancos.
Henríquez, quien es miembro del denominado Foro del Agua, un colectivo de una decena de organizaciones que defienden el acceso a este recurso, asegura que no renunciará a sus ideales.
Seguiré "en lo que siempre he hecho, en la defensa de los derechos humanos, en el acompañamiento a comunidades que han sufrido la injusticia del robo y despojo del agua", afirmó el abogado ambientalista.
(L.Thomas--TAG)
